II. La belle époque y el capitalismo global

En el último cuarto del siglo XIX Europa estaba lejos de constituir un espacio homogéneo. Las divergencias entre los Estados nacionales remitían a una combinación de factores. Por una parte, las diferencias de tipo estructural tenían que ver con los distintos grados y ritmos de la industrialización y con el impacto de ésta sobre el orden agrario tradicional, pero también con el tipo de régimen político y con el grado de armonía, o bien de tensiones, entre la definida como identidad de la nación y la presencia de otras identidades nacionales en un mismo Estado. Por otra, en relación con estos condicionamientos, los actores sociales y políticos de cada país asumieron posiciones y forjaron relaciones que fueron propias y distintivas de cada proceso nacional.

Sobre la base de estos criterios se distinguen dos grandes espacios: el este europeo y Europa occidental. El primero fue asiento de los grandes imperios multinacionales: el de la casa de los Habsburgo en Austria-Hungría y el de los Romanov en Rusia, y además, del ex reino de Polonia repartido entre Austria, Prusia y Rusia, y de la convulsionada zona de los Balcanes. El segundo fue sede de diferentes entidades estatales. En el norte se encontraban los principales centros industriales y los Estados con mayor grado de homogeneidad cultural: Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos, los países escandinavos, Alemania. En el sur, especialmente España y Portugal, tuvieron un desarrollo industrial muy fragmentario y la persistencia del antiguo régimen fue muy significativa. En España, por ejemplo, hubo un importante crecimiento industrial en determinadas regiones Cataluña, Valencia, País Vasco, mientras que el poder político quedó en manos de las élites terratenientes de Castilla y Andalucía. Italia ocupaba una posición intermedia, en virtud de la honda fractura entre un norte industrial con rasgos similares a los de las principales potencias y un sur agrario semejante al de la Península Ibérica.

 Como ocurre siempre con las clasificaciones, los integrantes de cada grupo no fueron acabadamente similares y en muchos aspectos prevalecieron las diferencias. Alemania, por ejemplo, estuvo cada vez más próxima, económicamente, a Gran Bretaña dado su veloz y profundo proceso de industrialización, pero su régimen político fue escasamente liberal y democrático dada la persistencia de los criterios y valores distintivos del Antiguo régimen, especialmente en Prusia, el Estado germánico con mayor desarrollo industrial.

En Gran Bretaña, el país que encabezó la revolución industrial, el liberalismo político arraigó con notable consistencia. Hasta principios del siglo XX, conservadores y liberales compartieron alternadamente el gobierno y ambos aceptaron la ampliación del cuerpo de votantes. El régimen electoral fue modificado en 1867, 1872 y 1884 para otorgar el derecho al sufragio a nuevas capas de la población, abandonar la primacía asignada al voto rural, e instaurar el voto secreto.

En este escenario, los grupos cerrados de notables dieron paso a los partidos modernos: la Unión Nacional de los Conservadores en 1867 y la Federación Nacional de las Asociaciones Liberales en 1877, dirigidos por Benjamín Disraeli y William Gladstone respectivamente. Ambos sostuvieron el liberalismo en materia económica, pero rivalizaron respecto a la expansión colonial y en torno a la cuestión irlandesa. Este último problema dividió a los liberales y dio paso a la crisis del partido Liberal.

Luego del hambre de 1845-1848, los campesinos irlandeses exigieron la posesión de la tierra que trabajaban y mayor autonomía política. Gladstone buscó desactivar las tensiones accediendo a parte de las demandas. Sin embargo, en 1885, su propuesta de conceder la autonomía a Irlanda provocó la división del liberalismo. Los liberales unionistas encabezados por Neville Chamberlain se negaron a ceder los derechos del Parlamento británico a una representación nacional irlandesa.

Con Chamberlain, una parte considerable del mundo de los negocios hasta entonces orientado hacia los liberales, se pasó al campo de los conservadores. El antiguo liberalismo se oponía a un reforzamiento del poder coercitivo del Estado y a una política imperial ambiciosa, los liberales unionistas y los conservadores querían ambas cosas. La disidencia liberal unionista impidió que a partir de la extensión del derecho del voto surgiese un partido liberal unido y radicalizado y creó un clima de incertidumbre que preparó el camino para el advenimiento de un partido obrero independiente., el partido Laborista

Las reformas electorales fueron acompañadas por los esfuerzos de liberales y conservadores para ganar votos en la clase obrera. La legislación aprobada en los años setenta reconoció legalmente las Trade Unions y el derecho de huelga y dispuso la mejora de las viviendas insalubres. Si bien tanto conservadores como liberales estuvieron dispuestos a reconocer las demandas de los trabajadores, el movimiento sindical tuvo mayor afinidad con el liberalismo. La militancia obrera sostenía, en una serie de temas, posiciones que la unían a los liberales: la reforma agraria, la política en Irlanda, la separación del Estado y la iglesia. Era justamente en torno a estas cuestiones donde las diferencias entre los dos partidos eran más claras.

La alianza con el partido Liberal fue inicialmente aceptada por las asociaciones gremiales más elitistas, los mineros y los trabajadores textiles, pero la aparición del nuevo sindicalismo entre 1889 y 1893 no dio paso a cambios drásticos. El nuevo sindicalismo que supuso la incorporación a sindicatos de carácter más general de los obreros menos especializados impulsó una representación obrera más independiente, pero sin que prosperara la formación de un partido socialista. La creación del Comité de Representación Laborista en 1899 buscó incrementar el número de legisladores procedentes del campo sindical y contar con una camarilla parlamentaria autónoma, pero no se descartó la colaboración con los liberales ni se propuso compromiso alguno con el socialismo. Los sindicatos dieron vida al partido Laborista buscando fortalecer su posición negociadora con el liberalismo. En la medida que los liberales, y en parte los conservadores, dieron cabida a sus demandas, las propuestas a favor de un movimiento clasista más cohesionado e independiente, impulsadas por la Federación Socialdemócrata (1884) y el Partido Laborista Independiente (1893), no arraigaron entre los trabajadores.

Los sindicatos obstaculizaron los movimientos independientes que intentaban definir la política fundamentalmente desde el punto de vista de la lucha de clases, más que desde intereses regionales y sindicales. La posición de peso lograda por los sindicatos, convenció a los activistas laboristas de que las instituciones políticas de Gran Bretaña podrían ser utilizadas para promover un cambio social efectivo. Esto tuvo una influencia decisiva para el modo en que los obreros se organizaron en el mercado de trabajo y en como, una parte sustancial de la clase obrera, aceptó como legítima la política económica liberal.

Ninguno de los movimientos obreros del continente europeo tuvo una trayectoria similar. O bien prosperaron organizaciones sindicales muy integradas y subordinadas a los partidos socialistas, los casos de Alemania y Escandinavia. O bien, como en Francia, las fuerzas políticas de izquierda, muy fragmentadas, no lograron conducir a las organizaciones sindicales poco centralizadas y más dispuestas al combate vía la acción directa que al trabajo en el campo político.

Alemania recién se instaló como Estado nacional unificado en 1871, después que Prusia derrotara militarmente a Francia e incorporara los estados alemanes del sudoeste a la nueva Alemania. Hasta los años sesenta persistió la laxa Confederación Germana, integrada por un conjunto heterogéneo de unidades políticas. Los liberales fracasaron en 1848 en su intento de construir un Estado homogéneo regulado por texto constitucional que reconociera el régimen parlamentario, los derechos y libertades individuales y una justicia independiente. La revolución liberal fue acabadamente reprimida por los ejércitos de las dos principales monarquías: Prusia y Austria.

 La unidad alemana avanzó primero en el terreno económico con la creación de la unión aduanera (Zollverrein) después de la derrota de Napoleón. En 1836 sólo excluía a Austria, las ciudades hanseáticas y los estados agrupados en torno a Hannover. La primacía económica de Prusia planteaba el problema de que la unificación liderada por dicho Estado significaba relegar las demandas del liberalismo en virtud del carácter conservador de sus instituciones. El conservadurismo prusiano tenía sus pilares en la monarquía, el ejército, la burocracia y la policía. El sistema electoral repartía a los electores primarios en tres clases, cada una representaba la tercera parte de la suma total de los impuestos pagados, cada clase elegía igual número de diputados en el Landtang, con la consiguiente preeminencia de los grandes contribuyentes. El Landtang tenía pocos poderes y los miembros de la Cámara de Senadores eran elegidos por el rey entre los candidatos presentados por príncipes de sangre, universidades y ciudades. La mayoría de sus integrantes eran terratenientes de las provincias orientales.

El crecimiento del comercio y la industria en las provincias más evolucionadas de Prusia posibilitaron el afianzamiento de la burguesía que deseaba tener una intervención más activa en la administración del poder. Algunos sectores afirmaron la necesidad de que Prusia se transformase en un estado constitucional. Sin embargo, la fragmentación cultural y política de la burguesía localizada en diferentes estados, junto con su creciente temor a una clase obrera cohesionada y organizada, le restó al liberalismo la coherencia y decisión necesarias para llevar a cabo el desmantelamiento del antiguo régimen.

Cuando Prusia, a través de las tres guerras ganadas (Dinamarca, Austria, Francia), logró la unificación de los territorios alemanes, se impusieron las tendencias a favor de la unidad alemana con Prusia como centro. Después de la derrota de Francia, el tratado de Francfort, en mayo de 1871, creó un gran Estado alemán y el equilibrio económico y político de Europa quedó modificado.

Sin embargo, en la nueva Alemania los particularismos seguían muy arraigados y en Prusia no existía un orden parlamentario afianzado sino una tradición burocrática y militar. La clase gobernante de la Alemania unificada procuró mantener el equilibrio entre la aristocracia y la burguesía al mismo tiempo que combinó la represión contra socialistas y católicos con una política paternalista para lograr el disciplinamiento de los sectores populares.

Las leyes antisocialistas impulsadas por Bismarck y aprobadas con el aval de los liberales en 1878 no impidieron la expansión del socialismo, por el contrario, alentaron la organización de un partido de masa fuertemente cohesionado. En contraste con el caso británico, el movimiento obrero alemán contó con una organización sindical altamente centralizada y con un fuerte partido socialista de corte marxista que impuso su conducción sobre los sindicatos.

En el programa de Erfurt aprobado en 1891, la socialdemocracia alemana se pronunció a favor de la revolución que liquidaría el sistema capitalista mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. En contraposición con los movimientos anarquistas y sindicalistas defendió la primacía de la lucha política frente a la acción directa de la clase obrera. Sin embargo, los socialdemócratas se acomodaron cada vez más al orden parlamentario. Aunque las tesis del dirigente Eduardo Bernstein, de sesgo evolucionista y anti-catastrofistas, fueron desautorizadas, en la práctica la socialdemocracia se involucró decididamente en la promulgación de leyes que mejorasen las condiciones sociales de los trabajadores. Desde el planteo de Bernstein, el capitalismo reorganizado después de la depresión económica imponía nuevos desafíos. No era posible esperar que la crisis acabara con el capitalismo y diera paso a un nuevo orden social. Los socialistas debían intervenir para elevar el nivel económico y cultural de los trabajadores, las reformas en el presente debían contribuir a la construcción del socialismo en el futuro. Desde esta perspectiva, la sociedad socialista dejaba de ser el resultado inevitable de las contradicciones insuperables del capitalismo. Su concreción dependía de las decisiones de los sujetos sociales que reconocían los valores de la justicia social y de la solidaridad como superadores del individualismo egoísta y de la subordinación a las leyes del mercado. La versión de Bernstein que privilegiaba las acciones del partido a favor de mejores condiciones sociales antes que las vinculadas con la organización de la revolución fue calificada de reformismo burgués por algunos de sus compañeros del partido. Para la polaca Rosa Luxemburgo, también dirigente de la socialdemocracia alemana, el planteo de Bernstein suponía la aceptación del sistema capitalista: quien para transformar la sociedad se embarcaba en la reforma legal, en lugar de apostar a la conquista del poder, no quería la creación de un nuevo orden social, sólo simples cambios en la sociedad ya existente. La visión de Luxemburgo no tuvo acogida en el mayor partido obrero y socialista de Europa. La idea de que la voluntad política de la vanguardia debía concentrarse en la promoción de la revolución, antes que embarcarse en la reforma tuvo hondo arraigó en la fracción bolchevique de la socialdemocracia rusa.

La derrota de Francia en la guerra con Prusia trajo aparejada la caída del imperio, la restauración de la República y la pérdida de los ricos territorios de Alsacia y Lorena que alentó el sentimiento de revancha en la opinión pública francesa. La resistencia de la izquierda que logró formar un gobierno socialista en la Comuna de París fue brutalmente reprimida. El poder político de la República quedó en manos de una dirigencia positivista, poco favorable al catolicismo y apegada a los grandes principios de 1789, pero básicamente moderada. Los republicanos aprobaron una serie de leyes fundamentales: libertad total de reunión, libertad de prensa, régimen municipal autónomo, ley divorcio, enseñanza gratuita, laica y obligatoria. En materia económica, el régimen osciló entre la ortodoxia liberal para tener presupuestos equilibrados y el incremento del gasto público para reactivar la producción. La política arancelaria proteccionista alentó el desarrollo de la burguesía francesa.

Ni la derecha conservadora, ni los monárquicos aceptaron la República. Para fortalecer su posición, los republicanos buscaron el apoyo de la clase obrera mediante la promoción de una organización sindical capacitada para negociar con los empresarios. Apenas existían sindicatos nacionales, cada oficio tenía su propio sindicato local y éstos estaban agrupados en uniones locales que reunían a los sindicatos de varios oficios. La legislación republicana favoreció la constitución de la Federación Nacional de Sindicatos en 1884, la CGT a partir de 1902. El sindicalismo francés vio en el Estado un aliado que le posibilitaba ganar fuerza. El socialismo debilitado con la derrota de la Comuna, volvió a reaparecer a fines de los años setenta, pero muy fragmentado. En 1896 había no menos de seis partidos socialistas nacionales. Con la intervención de la Segunda Internacional, en 1905 logró constituirse el Partido Socialista Unificado. En ese momento se creyó posible la unidad del socialismo con el movimiento sindical. Sin embargo, en el Congreso de Amiens (1906) la CGT proclamó la completa independencia de los sindicatos obreros y rechazó toda clase de alianza con los partidos políticos. Desde los reformistas, porque se quería que los sindicatos se limitasen a actividades económicas. Desde los revolucionarios (anarquistas, sindicalistas puros y socialistas) porque la actividad política debía expresarse a través de la acción directa sin tomar parte en los asuntos parlamentarios.

Dos fuertes crisis sacudieron la estabilidad de la República. La primera, a fines de los años ochenta cuando el general Georges Boulanger ganó una gran popularidad en virtud de su defensa de una política revanchista contra el imperio alemán, al mismo tiempo que amenazaba con derrocar al gobierno desacreditado por una ola de escándalos financieros. Cuando iba a ser arrestado, huyó a Bruselas.

GEORGES BOULANGER (1837-1891)

En la siguiente década, el caso Dreyfus partió en dos a Francia. Por un lado, el bando anti Dreyfus integrado por conservadores, izquierdistas que adherían al antisemitismo anticapitalista y nacionalistas extremos. Por otro, los pro Dreyfus formado por el centro demócrata laico y el sector de los socialistas encabezados por Jean Jaurès. La condena en 1894 del capitán Alfred Dreyfus de origen judío por el delito de traición, conmocionó a la sociedad francesa, dio lugar a una serie de crisis políticas y marcó un hito en la historia del antisemitismo. La constatación de que las pruebas en contra de Dreyfus fueron fraguadas, hicieron posible su liberación y reincorporación al ejército doce años después de que estallara el escándalo. El caso puso en evidencia el fuerte arraigo de un nacionalismo y un antisemitismo extremos en el seno de la sociedad francesa. Los más decididos defensores de que se hiciera justicia fueron el dirigente republicano George Clemenceau y el escritor Émile Zola, autor de la carta pública, Yo acuso, dirigida al presidente francés.

PERIÓDICO L'AURORE, J'ACUSSE DE ÉMILE ZOLA

Bajo el impacto de la condena de Dreyfus, Theodor Herzl, judío nacido en Budapest y hombre de letras de formación liberal, se abocó de lleno a promover la constitución de un Estado que acogiera a los judíos dispersos por el mundo. En 1896 publicó El Estado de los judíos y al año siguiente el Primer Congreso Sionista reunido en Basilea con predominio de las organizaciones judías de Europa central aprobó el proyecto para la creación del futuro Estado de Israel en Palestina. En ese momento, Palestina formaba parte de la Gran Siria bajo el dominio del Imperio otomano con Jerusalén como distrito autónomo en virtud de su condición de capital religiosa del Islam, del cristianismo y del judaísmo. Después de Basilea, la Organización Mundial Sionista quedó a cargo de la compra de tierras en Palestina para que fueran ocupadas y trabajadas exclusivamente por judíos organizados en colonias (kibutz). La primera aliyah o movimiento masivo de regreso a Palestina ya se había concretado en 1881 impulsada por los progromos desatados en Rusia después del asesinato del zar Alejandro II. La segunda aliyah se produjo entre 1904-1907 al calor de la derrota del zarismo en la guerra ruso-japonesa y la revolución de rusa de 1905. Entre 1900 y 1914 el número de colonias sionistas en el territorio palestino creció de veintidós a cuarenta y siete.

En Italia, como en Alemania, fracasó la revolución liberal de 1848. También en este caso, la unificación fue impuesta desde arriba a través de las armas. La monarquía de Piamonte en el norte acompañó a una burguesa moderada y a los altos funcionarios que supieron aprovechar el juego diplomático a escala europea para unir los territorios italianos. El imperio austriaco fue obligado a entregar la mayor parte de las tierras que ocupaba en el norte. En el sur Giuseppe Garibaldi acabó con la monarquía de los Borbones. La incorporación más tardía fue la de los territorios del centro bajo soberanía del Vaticano resguardado por las armas del emperador Napoleón III. Fueron tomados a la caída del imperio francés después de ser derrotado por Prusia en 1870. Con Roma ocupada por la fuerza, el papa Pío IX dispuso la excomunión a los católicos que interviniesen en los asuntos del Estado.

En los años anteriores a la Gran Guerra, los liberales italianos conformaron una elite reducida que controló el gobierno gracias a la ínfima porción de la población con derecho a voto y de su habilidad para incorporar a los dirigentes de la oposición al grupo que detentaba el poder, el llamado transformismo. A pesar de los nuevos problemas planteados por la industrialización y por la politización de estratos sociales previamente inactivos, los liberales no desarrollaron organizaciones ni mecanismos destinados a integrar a las clases subalternas a la comunidad nacional. El ascenso o caída de los gobiernos no se relacionaba con diferencias fundamentales sobre la política pública sino con el éxito o fracaso de las combinaciones entre diputados.

Frente al creciente desafío popular de la década de 1890, canalizado por los socialistas y el partido Popular de los católicos, el avezado dirigente Giovanni Giolitti decidió la ampliación del cuerpo electoral aprobada por ley en 1911. Giolitti pretendió estabilizar el orden liberal mediante la alianza entre liberalismo y obrerismo. Sin embargo, la propuesta era demasiado tímida en relación con las demandas y el grado de organización de los obreros urbanos y los jornaleros rurales. Cuando concluyó la Gran Guerra, los liberales carecían de recursos sólidos para canalizar el descontento y la movilización de las masas.