II. El derrumbe del bloque soviético

Las declaraciones de soberanía -el primer paso antes de proclamar la independencia - aprobadas por las dirigencias republicanas entre 1989 y 1990 intensificaron el caos económico y cuestionaron la existencia de la URSS al transferir el control de los recursos básicos desde Moscú a los gobiernos republicanos. Para apuntalar la identidad nacional, se propició la recuperación de las lenguas maternas que en el marco de la URSS habían quedado postergadas por el ruso.

Para frenar esta descomposición del Estado multinacional Gorbachov propuso renegociar las relaciones entre el poder central y el de las republicas. Convocó a un referéndum en marzo de 1991 para preguntarle a la población si consideraba necesario mantener la URSS. El 80% del electorado asistió a la votación y el 58% de los inscriptos se pronunció a favor de la preservación del Estado multinacional. El porcentaje más alto a favor del mantenimiento de la URSS se concretó en las Repúblicas de Asia Central. Pero la consulta fue boicoteada por los gobiernos de las tres repúblicas bálticas junto con Georgia, Armenia y Moldavia. Al mes siguiente, el presidente soviético se reunió en Novo Ogarevo con los gobernantes de las nueve repúblicas que habían llevado a cabo el referéndum para acordar las pautas de un nuevo régimen más federalista. En principio se resolvió detener la guerra de leyes y Gorbachov se mostró dispuesto a conceder una fuerte reducción de las competencias del Kremlin en la recaudación impositiva, el uso de los recursos naturales y el control de las fuerzas de seguridad.

Mientras los conservadores del PCUS calificaban como acta de defunción de la URSS el documento suscripto en Novo Ogarevo, Yeltsin –presidente de la Federación Rusa desde junio de 1991– ampliaba sus competencias en desmedro de Gorbachov y eliminaba la injerencia del partido Comunista sobre el aparato administrativo y las empresas. La plana mayor del PCUS decidió recurrir a la fuerza para frenar este proceso.

Mientras Gorbachov pasaba sus vacaciones en Crimea, las cúpulas del poder ejecutivo, el ejército y la KGB –con el respaldo tácito del Politburó y el Soviet Supremo– declararon el estado de emergencia en todo el territorio de la URSS y crearon un Comité Estatal que asumió plenos poderes en virtud de que el estado de salud de Mijaíl Gorbachov le impedía cumplir con sus funciones. El vicepresidente ocupó el sillón presidencial para evitar el caos y la anarquía que amenazaban la seguridad de los ciudadanos y la integridad territorial de la URSS, salvar la economía de la ruina y evitar la escalada del peligro de un amplio conflicto civil. El golpe del 19 de agosto de 1991 precipitó la desintegración del Estado soviético.

Yeltsin reaccionó inmediatamente. Denunció el cambio de autoridades como un golpe de estado y exigió tener acceso a Gorbachov para comprobar su estado de salud. De todas las repúblicas soviéticas, sólo Rusia y las tres bálticas condenaron el golpe. El asalto de la Casa Blanca por las tropas especiales de la KGB, que parecía inminente en la noche del martes 20, no se produjo. El presidente ruso tomó el timón de los acontecimientos: despojo de todos sus poderes al partido Comunista. El vendaval anticomunista iniciado en Rusia estimuló similares medidas en toda la URSS. Gorbachov dimitió como secretario general del PCUS, reprodujo los decretos anticomunistas de Yeltsin y ordenó la disolución del Comité Central del partido.

A comienzos de diciembre de 1991 Rusia, Ucrania y Bielorrusia –sin atenerse a la ley vigente que regulaba las condiciones para que una república abandonase la URSS, pero invocando su condición de firmantes del tratado constitutivo de la Unión Soviética en 1922, declararon que la URSS había dejado de existir como sujeto de derecho internacional y como realidad geopolítica. Sin nación que gobernar, Gorbachov le entregó a Yeltsin el maletín que contenía los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares, y la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin a fines de diciembre.  

En el momento de la disolución de la URSS, en diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia dispusieron la creación de un organismo que siguiera coordinando las actividades fundamentales del Estado que estaba a punto de desaparecer. Al proyecto de creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se unió rápidamente el resto de las repúblicas, a excepción de las bálticas y de Georgia, ésta se integraría más tarde muy presionada por Moscú.

Sin embargo, la CEI tuvo serias dificultades para consolidarse. Por una parte, los nuevos Estados se mostraban más interesados en reforzar sus propias instituciones que en mantener las instituciones comunes preexistentes. Por otra parte Rusia, la principal interesada en mantener la cohesión del conjunto, vivía una crisis que la debilitaba para atraer a las otras repúblicas hacia su esfera de influencia.

Rusia ha pretendido, y en parte conseguido, mantener su influencia en lo que fuera el espacio soviético; también ha querido preservar una posición privilegiada en la esfera internacional, a un nivel parecido al de la antigua URSS. Tras la disolución de la Unión Soviética, Moscú ocupa el puesto permanente de la URSS en el Consejo de Seguridad de la ONU con la aquiescencia de los países de la CEI. La nueva Rusia pasó a ser miembro de organizaciones internacionales a las que la URSS otrora se había opuesto: en abril de 1992 ingresó en el Fondo Monetario Internacional, que empezó a concederle créditos; en junio de 1994 pasó a formar parte de la Asociación por la Paz, impulsada por la OTAN; y un mes más tarde fue admitida en las reuniones de carácter político del G-7, dando paso al G-8.

Si bien la perspectiva acariciada por Yeltsin de colocarse al frente de una comunidad organizada como un espacio económico integrado y asumir el control centralizado del poderoso arsenal militar no pudo materializarse. No obstante Moscú asumió un papel activo en las trayectorias de las nuevas repúblicas, especialmente en aquellas con divisiones internas.