La Revolución sandinista en Nicaragua

En Nicaragua, la oligarquía terrateniente había logrado construir alrededor de la familia Somoza un orden político con capacidad de sostener los diversos intereses vinculados con la economía de exportación, y al mismo tiempo garantizar el control social. La dinastía Somoza gobernaba desde 1934 por medio de la alternancia de distintos presidentes, algunos con el apellido familiar y otros surgidos del seno del clan gobernante, todos apoyados en la fuerza militar de la Guardia Nacional. Ésta había surgido como reemplazo del ejército de ocupación norteamericano. Esa relativa estabilidad bajo un orden autoritario había hecho emerger una oposición político - militar, cuyos primeros antecedentes se remontan a comienzos de la década del sesenta.

Una serie de factores hicieron que en Nicaragua el conflicto armado terminara con el triunfo de la Revolución, a diferencia de lo ocurrido en Guatemala y en El Salvador, por ejemplo. Por un lado, hacia principios de los años setenta comenzaron a existir resquebrajamientos dentro de los grupos dominantes, conformados por la oligarquía y un sector de la burguesía nacional que acompañaba al somocismo. Esas tensiones se hicieron evidentes fundamentalmente a partir de 1972. La agudización el descontento social, provocado por la reacción ante las políticas de reconstrucción frente a las consecuencias de un terremoto, coincidió con un evidente avance del manejo familiar del Estado, pero también de la gravitación de las empresas e intereses económicos ligados a Somoza, por sobre los de otros sectores de la oligarquía.

Por otro lado, la oposición de la guerrilla, conformada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), alcanzó hacia mediados de la década del setenta una mayor capacidad de articular el descontento de distintos sectores de la sociedad que expresaban una posición antisomocista. Luego de algunos reveses militares, en 1976 se consolidó la posición de una facción conocida como “Tercerista” (para diferenciarse de los sectores que impulsaban la estrategia de la Guerra Popular Prolongada, y la de aquellos que sostenían la opción “clasista proletaria”). Los “terceristas” lograron agrupar el descontento antisomocista, a partir de la estrategia de apoyo militar a la movilización popular y la alianza con distintos sectores opositores al régimen. Este espacio había crecido también a partir del apoyo de la Iglesia (influida por la expansión del cristianismo de base, en torno de la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968), el movimiento estudiantil, agrupado en el Frente de Estudiantes Universitarios, y de la Udel (Unión Democrática de Liberación) que agrupaba a distintas facciones del arco político.

La oposición al somocismo se nutrió, así, del apoyo de distintos sectores. Al reclamo de democracia se sumó el sentimiento antiimperialista evocado en torno de la figura de Augusto Sandino, quien había luchado a fines de la década del veinte y principios del treinta contra la ocupación norteamericana, y había sido asesinado por la dictadura del primer Somoza.

Después de meses de enfrentamientos, el 19 de Julio de 1979 se produjo el derrocamiento de Anastasio “Tachito” Somoza. El movimiento contó con un fuerte protagonismo de las masas urbanas de la periferia de Managua, y el apoyo militar del FSLN. El triunfo de la Revolución fue el resultado de una lucha pluriclasista por la democracia, en la que se destacó la participación juvenil, de las mujeres y de sectores cristianos, incluyendo sacerdotes.

El gobierno revolucionario surgido de la insurrección era, por lo tanto, emergente de un conjunto de sectores sociales con intereses contrastantes, que habían actuado unidos por el antisomocismo. La dirección política del FSLN no reflejaba la hegemonía de un sector definido. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, conformada por cinco miembros, asumió la dirección de las primeras medidas, orientadas a promover cambios en la estructura productiva del país, a través de un sistema de economía mixta que limitaba la dependencia exterior. En los primeros meses se tomaron medidas como la nacionalización del comercio exterior, de las empresas agroindustriales y del sistema financiero. La propiedad estatal, denominada Área de Propiedad del Pueblo, creció a partir de la confiscación de las propiedades de la familia Somoza; la economía de gestión estatal convivió con la producción privada, la organización cooperativa y las economías agrarias de pequeños productores, impulsadas por una Ley de Reforma Agraria. El Estado promovió medidas regulatorias favorables a los sectores populares, como la ley de precios máximos y la ampliación de fondos de seguridad social. También emprendió un ambicioso plan de alfabetización, denominado “Cruzada Nacional de Alfabetización”, que redujo la tasa de analfabetismo del 50 al 12 por ciento de la población nicaragüense.

Las primeras tensiones dentro del gobierno revolucionario emergieron al año siguiente del triunfo. En 1980 renunciaron dos miembros de la Junta que cuestionaban el predominio del FSLN y su orientación “marxista”, lo cual mostraba el malestar de los sectores de la burguesía que habían apoyado la Revolución. El diario La Prensa, que había sido uno de los bastiones del antisomocismo, se transformó en uno de los principales focos de oposición al sandinismo. Las tensiones derivaron en su clausura en 1986. Previamente, el gobierno revolucionario había comenzado a enfrentar un escenario de conflicto más arduo todavía: desde 1982 funcionaba una oposición armada de grupos somocistas financiados y apoyados, al principio de manera secreta, por Estados Unidos, conocido como “los contra”. A esos frentes de conflicto se sumó pronto la oposición de algunos sectores de la Iglesia, agrupados en torno del liderazgo anticomunista del Vaticano, encabezado por Juan Pablo II.

A pesar de la existencia de esos frentes de confrontación, internos y externos, el sandinismo sostuvo la promesa de restaurar las elecciones democráticas, y en 1984 se alzó con el triunfo con la voluntad del 63 por ciento del electorado.

Sin embargo, el decidido apoyo del gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) al ejército de “los contra”, junto con las políticas de aislamiento económico y sabotaje promovidos por Estados Unidos, y el boicot de los empresarios nacionales, tendieron a desgastar políticamente al FSLN. En 1990, la derrota electoral puso fin a la experiencia revolucionaria sandinista.